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En zonas del Putumayo, 378 familias conformadas por mil 378 personas, manifestaron problemas de salud como consecuencia de las fumigaciones.
La Defensoría del Pueblo anunció que confía en que la posición del Gobierno respecto al uso del glifosato se mantenga, ante los anuncios sobre una posible reanudación de las aspersiones, especialmente en la zona del Catatumbo, que serían autorizadas por el presidente Santos.
La Entidad recordó que el pasado 27 de abril, en virtud de un estudio publicado por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, adscrita a la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones, concepto que fue respaldado por la Defensoría del Pueblo.
Para la Institución, «proteger los derechos a la salud y al medio ambiente resulta prioritario», como lo señaló la Corte Constitucional a través del auto 073 de 2014, en el que solicitó al Gobierno la aplicación del principio de precaución, antes mencionado.
Precisamente, en el caso del Catatumbo, los acuerdos suscritos con las comunidades, otorgan una especial importancia a los programas de sustitución voluntaria, por lo que la Defensoría del Pueblo considera «pertinente privilegiar dicha estrategia y avanzar en soluciones concertadas para la erradicación de las plantaciones ilegales».
Vale la pena tener en cuenta que entre febrero y marzo de 2015, la Defensoría realizó una visita a diez comunidades indígenas asentadas en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, en el departamento del Putumayo, donde entrevistó a 378 familias conformadas por mil 378 personas que manifestaron presentar problemas de salud como consecuencia de las fumigaciones.
