El Palpitar Noticias, Medellín, Antioquia, Colombia, Acontecimientos de interés común, Hechos de ámbito internacional.
Desde el Concejo salieron voces de rechazo frente a supuestos impedimentos por parte de EPM al momento de hacer control político; la empresa se defendió.
Una gran polémica se desató tras las declaraciones de la concejala del Polo Democrático Luz María Múnera, quien solicitó información a EPM que se le entregó de forma parcial y con omisiones, según la misma funcionaria, quien buscaba establecer si hubo o no peculado en uno de los más recientes negocios de la empresa.
Tras la solicitud, «se negaron a entregar el estudio que hicieron para comprar Antofagasta. Dicen que es información privilegiada; puede que lo sea antes de la compra, pero después es información necesaria para poder calificar si hubo malversación de fondos públicos o no, sobre todo cuando nos indican que frente al segundo oferente hubo una diferencia de 300 millones de dólares», indicó la funcionaria.
Múnera se refiere a la compra por parte de EPM de Adasa, compañía chilena, a la que el Grupo le pagó 965 millones de dólares por la totalidad de las acciones.
Según Múnera, esa compra podría esconder un caso de desvío de recursos públicos, en vista de la elevada cantidad de dinero destinada por EPM en la transacción, la más elevada de toda la historia de la compañía, que se diferenció mucho de la ofrecida por el segundo oferente en competencia.
«Yo hice el derecho de petición, donde pido el estudio de mercado de la compra de la empresa y que Contraloría vaya con nosotros», dijo Múnera, quien afirmó que algo similar está ocurriendo en UNE tras la venta de la empresa a la internacional Millicom.
La empresa se defiende
Maritza Alzate, secretaria General del Grupo, precisó que EPM es «una empresa cien por ciento pública, pero que está en competencia. Por tal motivo, en este caso específico, la ley habilita a EPM para preservar información que necesita para mantenerse en condiciones de igualdad a la hora de competir«.
Es decir, el Grupo no está en la obligación jurídica de brindar toda la información solicitada por el Concejo de Medellín, contrario a lo que sucede con otros entes de control, de acuerdo con Alzate. «Esa información puntual se mantiene confidencial. Pero es importante precisar que esa confidencialidad no es absoluta, pues hay órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría o un juez de la República (…) La información que solicitó la concejala se entregó oportunamente, con la respectiva confidencialidad y con excepción de algunas particularidades (…) lo cual está amparado por la ley», dijo.
En el caso particular de la compra de una empresa, dijo Alzate, se deben preservar ciertos datos y cifras. «En nuestro caso, el producto es la información financiera que nos permite configurar una cifra específica para, por ejemplo, adquirir una empresa. Puede que haya otras empresas con intenciones de comprarla; si yo estoy en una competencia por precio y mi competencia sabe cómo está estructurada EPM financieramente, puede conocer el rango de precio en el que me moveré y aventajarnos«, señaló.
En los próximos días, un grupo de concejales viajará al desierto de Atacama, en Chile, a observar las instalaciones. Sin embargo, Múnera no irá pues considera que «los recursos públicos no son para financiar tours en el extranjero» y porque de nada servirá el viaje si no se hace control efectivo de las finanzas del grupo empresarial.
