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La ONG resaltó la necesidad de justicia para las víctimas como lo merecen.
La ONG, Human Rights Watch, entregó este martes un análisis sobre el proceso de paz en Colombia, que se desarrolla desde hace tres años entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc; sobre el mismo, el organismo señaló que “garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino, por lo que fue calificado como “acuerdo de impunidad”.
Igualmente, sobre el acuerdo de víctimas firmado el pasado 15 de diciembre, en el que se establece el Tribunal Especial para la Paz, La ONG afirmó que: “El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco agregó que este acuerdo deja muchos elementos de juicio al aire, lo que conforma una ambigüedad llena de elementos ignorados: “un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.
De otro lado, las condiciones especiales establecidas por el Gobierno durante el anuncio del acuerdo de Justicia, más las revelaciones sobre el no pago de penas carcelarias y la no extradición de guerrilleros de las Farc, fueron analizadas también por HRW, sobre lo que destacaron las inconsistencias en los juzgamientos.
“Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, observó Vivanco. “Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio”.
Desde 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llevado adelante un examen preliminar de delitos cometidos en Colombia sobre los cuales la Corte podría asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI señaló que había “informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”, resaltó la ONG.
Luego, en 2006, la Corte Constitucional de Colombia dispuso que los paramilitares desmovilizados que se habían beneficiado con penas reducidas de hasta ocho años conforme a la Ley de Justicia y Paz debían cumplir la pena en cárceles ordinarias.
A su vez, la Corte señaló que el derecho a la justicia “podría verse también afectado por la percepción de impunidad que se deriva de adicionar a los significativos beneficios que en materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecución de la pena que la desvirtúan por completo”.
“La fiscal de la CPI y la Corte Constitucional de Colombia, deberían examinar cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las víctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen”, señaló Vivanco.
