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El punto de elegibilidad política para las Farc, el único que permaneció sin ninguna modificación. Así las cosas, guerrilleros y altos cabecillas podrán aspirar a altos cargos políticos, pese a los reclamos de la oposición.
Luego de su sorprendente derrota en el plebiscito del 2 de octubre, el Gobierno nacional abrió las puertas de la Casa de Nariño a la oposición del anterior acuerdo de paz y acogió sus propuestas, las cuales fueron analizadas en La Habana e hicieron parte de la renegociación de los últimos días que redundó en el pacto anunciado ayer por las partes desde La Habana (Le invitamos a leer: Conozca el acuerdo de la esperanza, la «mejor» oportunidad de decirle adiós a la guerra).
Los principales promotores políticos del No en el país, a saber, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y Alejandro Ordóñez, llevaron al Ejecutivo sus propuestas, algunas de las cuales fueron aceptadas dentro del nuevo acuerdo.
Uribismo, sin mucha incidencia en el acuerdo
Las propuestas del senador del Centro Democrático se destacaron, principalmente, en los puntos relacionados con participación política, drogas y cultivos ilícitos, además de Víctimas y el punto de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En los nuevos acuerdos, justamente, el Gobierno se comprometió a mantener todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la polémica aspersión con glifosato, algo que había solicitado previamente el expresidente Uribe.
No obstante, el líder de la oposición de derecha solicitó que se eliminara la Jurisdicción Especial para la Paz. Pese a que se mantuvo dicha figura jurídica de forma temporal, se abrió la posibilidad para que sus decisiones sean objeto de tutela ante la Corte Constitucional. Además, se le dará cierto margen de criterio a los jueces de dicha Jurisdicción con el objetivo de que decidan en cada si hay conexión entre el narcotráfico y los delitos políticos.
Sin embargo, ni el Gobierno ni las Farc cedieron un centímetro en el punto de elegibilidad política, que Uribe y el resto de la oposición del Centro Democrático había atacado con vehemencia. El nuevo acuerdo contempla que los jefes de las Farc puedan ser elegidos para cargos públicos.
«Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos (negarles la posibilidad de participar en política). En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza: aquí no se logró avanzar», dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Propuestas de Andrés Pastrana, las de mayor aceptación
El expresidente, reconocido por el fallido proceso de paz con las Farc y el famoso caso de «La silla vacía», presentó una serie de propuestas que desde el Gobierno y las Farc tuvieron buena acogida.
El hijo de Misael Pastrana propuso, entre otras cosas, que todos los jueces del tribunal especial fueran colombianos, que los acuerdos no modificaran la Constitución, que los guerrilleros que confesaran sus crímenes de lesa tuvieran restricción en su movilidad y que las Farc entregarán información detallada sobre rutas de narcotráfico, compradores y vendedores de ilícitos.
Una a una, dichas propuestas fueron evaluadas y, tras nueve días de renegociación, sorprendentemente aceptadas en su totalidad: no habrá magistrados extranjeros, sino simples asesores; los acuerdos no entrarán en el Bloque de Constitucionalidad; los responsables de delitos atroces que cooperen con la justicia deberán movilizarse en áreas específicas cuya extensión no supera la de una zona veredal; y las Farc, en su totalidad, deberán confesar sus delitos y detallar cómo funcionaba el delito de narcotráfico.
Ordóñez y el enfoque de género
Uno de los argumentos de ciertos sectores del cristianismo y, especialmente, del exprocurador conservador Alejandro Ordóñez, es que los anteriores acuerdos querían propagar una ideología de género contraria a los valores colombianos de la familia.
«En el nuevo acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos», apuntó Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, en torno a ese respecto.
