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La Gobernación de Antioquia presentó un informe en el que evidenció el balance de la situación humanitaria en el Departamento.
La violencia en todas sus formas ha hecho mella en Antioquia desde sus inicios, y su recrudecimiento en las últimas dos décadas del milenio anterior y los primeros años del nuevo, ha ocasionado que miles de personas de todos los puntos del Departamento resulten víctimas directas o indirectas del conflicto interno de nuestro país.
Precisamente, el pasado lunes 7 de septiembre, la Gobernación de Antioquia arrojó un balance de la labor humanitaria que las autoridades han realizado con el fin de subsanar el daño ocasionado, principalmente, por el desplazamiento forzado, el homicidio y la desaparición en el Departamento.
«Nuestro propósito es presentarle a la sociedad antioqueña y al país en general, el registro de violaciones de derechos humanos que han afectado a nuestro departamento, contrastando dinámicas y contextos territoriales. Pero, también, la apuesta de ‘Antioquia la más educada’ y los grandes avances que hemos tenido en las diferentes estrategias para defender y promocionar los derechos humanos», mencionó Esteban Mesa, secretario de Gobierno del Departamento.
Aunque son innegables algunos avances de la Administración Departamental en pro de la defensa de los derechos fundamentales, las cifras presentadas en el informe reflejaron que aún hay déficit a la hora de reivindicar y reparar integralmente a las víctimas. Pero empecemos con lo bueno que se pudo extraer del informe.
Lo positivo
Entre los principales avances en materia de defensa de los derechos humanos, se destacan la Ruta de Atención a Víctimas, los avances en el programa de desminado en algunos municipios del Departamento y el programa educativo para prevenir a la ciudadanía del riesgo que representan las minas antipersonal. «Hemos logrado avances significativos enfocados siempre en la prevención de las violencias y en el respeto por la diferencia», manifestó al respecto el secretario Mesa.
Además, destacó la labor de la Escuela de Derechos Humanos en 19 municipios del Departamento, la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y la promoción de los derechos de la población Lgbti. También, resaltó el trabajo de las autoridades en el Urabá, una de las subregiones más afectadas por la violencia en el país.
«Nuestra mayor satisfacción es el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la reconstrucción del tejido social como es el caso de Pueblo Bello-Turbo, símbolo de la reconciliación en el país», puntualizó el funcionario.
En el informe se revelaron, además, cifras interesantes. Por ejemplo, desde el año 2007 se ha venido trabajando con más de siete mil personas en 27 municipios diferentes del Departamento, con el fin de formarlas en comportamientos preventivos en cuanto a minas antipersonales. Según el informe, este programa educativo permitió reducir sustancialmente el número de víctimas por minas del 2014 (16), en relación con el 2013, año en el que se presentaron 50 casos.
En lo que a población Lgbti respecta, no hay datos concretos en vista de que se debe respetar la identidad de las víctimas; pero el informe recalcó que hay un hecho positivo en este ítem en el departamento: un total de 42 de municipios de Antioquia implementaron en sus planes de desarrollo actuales proyectos y programas relacionados con la promoción de la diversidad sexual y de género.
Cáceres, Puerto Berrío, Segovia, Carolina del Príncipe, Sopetrán, Rionegro, Jardín, Chigorodó y Bello, entre otros, son algunos de los municipios en los que se están desarrollando este tipo de iniciativas.
Lo negativo
En contraste de los avances evidenciados por el Secretario de Gobierno y el informe de la Gobernación de Antioquia, hay cifras en este mismo que demuestran que aún hay carencias en la defensa de los derechos humanos.
Ejemplo, las ayudas hacia la población afrodescendiente del Departamento sigue presentando significativas deficiencias. «Las condiciones de vida de gran parte de esta población se asocian a altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, con persistencia de prácticas de discriminación y marginalidad», señaló el informe.
La población afro, que en nuestro departamento asciende a unos 593 mil habitantes, es, precisamente, el foco de muchas iniciativas de la Secretaría de Educación de Antioquia, con el fin de permitir que a través del aprendizaje puedan salir adelante.
Además, el informe destacó que estas estrategias «buscan crear puentes de interculturalidad que fortalecen el autorreconocimiento, la otredad, las competencias ciudadanas, los valores, la alteridad, la sostenibilidad y el respeto», que hasta ahora no se han evidenciado como deberían.
Además, si bien el homicidio presentó un descenso en la mayoría de subregiones del Departamento, en el Suroeste y Urabá las cifras crecieron entre los años años 2013 y 2014. Además, aún en las regiones en las que las muertes violentas disminuyeron, las cifras siguen siendo altas.
Por ejemplo, en la subregión del Bajo Cauca, se presentaron 211 homicidios en el 2014, lo que representa un porcentaje de 71,93 homicidios por cada cien mil habitantes; mientras que en el Valle de Aburrá se presentaron 951 casos.
En cuanto a desaparición forzosa, en el Departamento aún continúan sin ser halladas diez mil 422 personas: nueve mil 54 son hombres, mientras que mil 368 son mujeres. Además, de las tres mil 151 personas que figuraban como desaparecidas y que fueron encontradas, 891 fueron halladas muertas.
Finalmente, Antioquia, que es el departamento en el plano nacional con mayor cantidad de víctimas por desplazamiento forzado, con más un millón 185 mil personas afectadas por el delito, presenta muy pocos casos de restitución de tierras.
Turbo, que es el municipio más afectado por el desplazamiento, presenta 110 mil víctimas de desplazamiento. Lo negativo de esta dinámica es, sin duda, que al desplazarse las personas de sus lugares de origen hacia otras ciudades y municipios generan desempleo e inequidad. Por ejemplo, Medellín acogió en las últimas tres décadas 330 mil desplazados de otros puntos del país, lo cual ha generado una problemática de desigualdad social evidente.
Aún así, tal y como finaliza el informe, las autoridades de cada municipio, del Departamento y del Estado, seguirán impulsando iniciativas con el fin de agilizar los procesos que permitan la reparación integral de las víctimas del conflicto, la violencia y la discriminación.
