La Defensoría interpuso la demanda contra la Ley de Víctimas por considerar que establece «un trato diferencial, injustificado y discriminatorio».
La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley que reconoce únicamente como víctimas a los niños y adolescentes reclutados por los grupos guerrilleros o paramilitares, y no a los desmovilizados de las bandas criminales (bacrim).
La entidad señaló este martes siete de julio en un comunicado que la norma viola el derecho a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas, y resulta contraria a los principios de presunción de buena fe y de interés superior de la niñez.
La Defensoría interpuso la demanda contra la Ley de Víctimas por considerar que establece «un trato diferencial, injustificado y discriminatorio frente a los niños y adolescentes que se han desvinculado de un grupo armado ilegal como las ‘bacrim'».
Según la norma, cuando los menores que han sido víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales y se han desmovilizado cumplen su mayoría de edad, se les exige un certificado expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) antes de acceder a los programas de ayuda oficiales.
Al no estar incluidos en esa relación, los que han sido reclutados por las Bacrim no pueden hacer parte de los programas ofrecidos por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR).
«Dada la discusión de si dichas estructuras criminales forman o no parte de los actores armados del conflicto, el certificado CODA únicamente es entregado a la niñez y adolescencia desvinculada de grupos armados guerrilleros y/o paramilitares», recalcó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
El funcionario explicó que a los programas especiales de reparación no pueden acceder las víctimas de reclutamiento forzado de grupos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, como es el caso de Los Urabeños (Clan Úsuga) y Los Rastrojos, entre otros, agrega la Defensoría.