Según la entidad, grupos ilegales han violentado los derechos humanos de militares y civiles en reciente escalada de violencia.
En vista de los últimos ataques armados por parte de grupos al margen de la ley contra la fuerza pública e infraestructura militar, en Norte de Santander y Arauca, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la violación de los derechos fundamentales tanto de militares como civiles.
En primer lugar, el ente que vigila por la protección, cuidado y correcto ejercicio de los derechos humanos, rechazó la emboscada por parte del Eln a un grupo de hombres del Ejército Nacional en el corregimiento Aspasica del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.
En aquel lugar, los delincuentes activaron varias cargas explosivas cerca a la estación de combustible Santa Catalina, mientras pasaban tres motocicletas. Según el reporte oficial de las autoridades, en el sitio murieron producto del ataque dos soldados y un civil.
Igualmente, reprobó lo ocurrido en Fortul, departamento de Arauca, donde integrantes del frente Domingo Laín del Eln lanzaron artefactos contra la base militar de dicha localidad, ocasionando heridas a un candidato al Concejo municipal y a dos menores.
Ante el recrudecimiento de los hechos violentos en el norte y sur del país, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades, a través de un comunicado, que tomen acciones para el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado. «La Institución ha identificado situaciones de riesgo por la presencia y el accionar de las estructuras ilegales, máxime cuando se avecinan las elecciones regionales de octubre», previene el comunicado.
Además, por lo menos 29 departamentos del país están en riesgo de sufrir atentados contra infraestructura pública y la sociedad civil. La situación se agrava, según el ente descentralizado, por la posible incidencia de actores armados en cerca de 268 municipios del país.
En tales localidades, «las Farc, el Eln y los grupos post desmovilizados de las Autodefensas podrían incidir en aspectos como amenazas a candidatos, presiones a la población civil y restricciones de movilidad» para el voto de los ciudadanos, manifestó el comunicado.
Por tal motivo, la Defensoría exhortó a las autoridades a reforzar la presencia de la justicia en las regiones más afectadas, al igual que ajustar los planes de seguridad y prevención de tal manera que se pueda reducir el impacto de los ataques armados, especialmente, contra la población civil.
