A pesar de los esfuerzos, los resultados en materia de reivindicación de los derechos humanos de la comunidad siguen siendo escasos.
Según un reciente estudio realizado por la Defensoría Delegada para la Mujer y Asuntos de Género, los homicidios y las amenazas por su condición son los delitos más recurrentes contra los miembros de la comunidad Lgbti, quienes además sufren los estragos del conflicto armado en Colombia.
Con los testimonios de 92 víctimas de Bogotá, Medellín, Cali, Pasto y Santa Marta se logró identificar, además, que la violencia por género coincide geográficamente con los principales focos de presencia de grupos armados ilegales, como las Farc y el Eln.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, dirigido por el Fondo de Justicia Transicional de la ONU, consideró tras la investigación que la violencia contra las personas con orientación sexual e identidad de género diversas coexiste con otras problemáticas del conflicto en Colombia.
El desplazamiento forzado, el abuso y explotación sexual y la imposición de estereotipos, en menor medida, también son delitos que han marcado a la comunidad Lgbti en el ámbito nacional durante la última década.
Es de resaltar que, si bien el número de víctimas por el conflicto en el país asciende a más de siete millones, en el registro de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas solo figuran mil 422 que pertenecen a la población Lgbti.
Sin embargo, la investigación llama la atención al hecho de que 56 mil 296 personas incluidas en los reportes de la Unidad no hayan informado su género, en tanto que más de 19 mil están en la categoría de «no definidos».
Según el estudio, esta situación obedecería a amenazas impuestas por bandas criminales y organizaciones delincuenciales, que obligarían a las víctimas de delitos sexuales que pertenecen a la comunidad Lgbti a callar los delitos en su contra por temor.
Por ejemplo, una víctima fue reclutada por las Farc cuando tenía 15 años, pero fue abusada a causa de su orientación sexual.
Asimismo, una persona capturada por señalamientos de simpatizar con ideologías de cierto grupo ilegal, fue abusada sexualmente en el sitio de reclusión.
Ante tales atentados contra los derechos humanos, la Defensoría planteó una serie de recomendaciones en torno a participación efectiva, garantías de reparación integral y no repetición y establecimiento de una política pública con enfoque diferencial, la cual defina la cantidad exacta de víctimas que pertenecen a la comunidad Lgbti, para así brindarles la oferta institucional que requieran.
