El anuncio de la organización se hace efectivo después de las múltiples críticas que recibió el Gobierno por parte del Procurador General y algunas organizaciones de la sociedad civil.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos -MAPP-OEA- reiteró este martes su apoyo a la política de restitución de tierras a campesinos colombianos despojados durante el conflicto armado, cuestionada en los últimos días por una supuesta ineficacia.
La organización aseguró que «reconoce el esfuerzo del Gobierno» por llevar adelante esta restitución a las víctimas a través de la Ley de Restitución de Tierras, que se puso en marcha en 2011. (Amplíe: Gobierno tendrá seis meses para acelerar el proceso de restitución de tierras).
Desde entonces, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, «cerca de 22 mil titulares hoy pueden ejercer su derecho de propiedad, gracias a las más de mil 650 sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución», resaltó la Misión.
Asimismo, la MAPP-OEA recordó que en ese tiempo se han tomado tres decisiones judiciales que han favorecido a grupos étnicos en Timbiquí (departamento del Cauca), Bagadó y Unguía (departamento del Chocó), «con lo cual se favorece el respeto de los derechos territoriales y culturales de comunidades afrocolombianas e indígenas».
La Misión, que recomendó la articulación de las instituciones responsables de implementar esa Ley, instó a quienes «tengan sugerencias frente a la misma» a «discutir con las entidades responsables sobre las posibles falencias identificadas, y a construir de manera conjunta y concertada las medidas y correctivos a que haya lugar».
La reacción de la MAPP-OEA llega después de que el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, haya tenido en los últimos días enfrentamientos con el presidente, Juan Manuel Santos, porque en su opinión esa Ley no beneficia a los campesinos.
Asimismo, algunos sectores de la sociedad civil han manifestado su inconformidad con el proceso de restitución, el cual no avanza con rapidez, en palabras de Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros.
No obstante, Vega desvirtuó las críticas del procurador Ordóñez frente a un proceso al cual él ha manifestado su rechazo. «El Procurador y el representante de la Federación de Ganaderos -Fedegán- se han opuesto a la Ley de Restitución de Tierras a las víctimas del conflicto, y el Gobierno ha sido incapaz de implementar y de aplicar la devolución de tierras a los campesinos. De 87 mil solicitudes, solo el 3,4% han terminado en sentencia judicial«, dijo Vega.
Además, argumentó que no basta con devolverle los terruños a los afectados, sino garantizarles la no repetición de los hechos. El Estado debe «desvertebrar [sic] las bandas criminales y los grupos paramilitares que ponen en riesgo a las víctimas y adelantar una restitución colectiva de tierras», concluyó.
