«Aunque la jurisdicción especial contribuiría a que haya confesiones, también permitiría que los máximos responsables de atrocidades eludan completamente la prisión», dicen.
El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, manifestó este viernes que el acuerdo entre el Gobierno colombiano y las Farc «sacrifica la justicia» a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Vivanco aseguró en un comunicado que este acuerdo en materia de justicia transicional permitiría que los responsables de delitos atroces «no reciban un castigo genuino».
Agregó, además, que aunque la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargará de juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado, ofrecería incentivos importantes para que los criminales confiesen sus crímenes, «también posibilitaría que los responsables de atrocidades masivas queden exentos de cumplir penas de prisión».
Las personas implicadas en delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos recibirían una pena de entre cinco y ocho años en «condiciones especiales» que supondrían la «restricción efectiva de la libertad», pero no cumplirían penas de prisión, explica el comunicado de HRW.
«Apoyamos plenamente los esfuerzos de Colombia por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a años de hechos sangrientos, incluso mediante mecanismos innovadores para incentivar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos», señaló Vivanco.
No obstante agregó que «aunque la jurisdicción especial contribuiría a que haya confesiones, también permitiría que los máximos responsables de atrocidades masivas eludan completamente la prisión, y de ese modo se privaría a las víctimas de cualquier medida de justicia que mínimamente respete el sentido de ese valor universal».
HRW recuerda que durante 50 años las Farc «han sido responsables de atrocidades sistemáticas contra civiles, han secuestrado y asesinado, tomado rehenes, perpetrado desapariciones, reclutado a niños soldados, llevado a cabo juicios sumarios y arbitrarios, desplazado forzadamente a civiles y propinado un trato cruel e inhumano a combatientes capturados».
Advierte además que desde 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «lleva adelante un examen preliminar sobre los delitos cometidos en Colombia sobre los cuales podría asumir competencia» si la justicia nacional no surte efecto.
