Actualmente y durante los siguientes cuatro meses, el nuevo comprador está obligado a mantener el precio de las acciones tal y como estaban.
Tras la venta del Gobierno Nacional del 57,6 por ciento de sus acciones en Isagén a la multinacional canadiense Brookfield Asset Management, EPM argumentó ante el Concejo Municipal la necesidad de vender su parte accionaria en la generadora de energía, debido a una inminente caída en el precio de las acciones de la compañía.
Según Jorge Londoño De La Cuesta, gerente general de EPM, «estar en posición minoritaria nos perjudica económicamente, por lo que queremos liberar ese patrimonio de la compañía para tomar decisiones donde verdaderamente se aumente el beneficio para la empresa y la ciudad».
Actualmente y durante los siguientes cuatro meses, el nuevo comprador está obligado a mantener el precio de las acciones tal y como estaban al momento del negocio con el Gobierno (4.130 pesos por acción), el más alto en la historia de la compañía.
«Espero que el Concejo sea consciente de la decisión que tomarán; una vez que el nuevo accionista mayoritario de Isagén tome el control de la empresa, es muy posible que deslisten la acción de la bolsa, lo que perjudicaría a EPM», precisó De La Cuesta, quien arguyó que «no se justifica dejarle a la ciudad un patrimonio que pierda valor».
Al ser un socio minoritario, EPM no podría tomar decisiones en torno al rumbo financiero de la compañía, tal y como no pudo interpelar la decisión del Gobierno de vender su parte en la empresa cuando éste era el accionista principal; así, pues, en caso de no vender, la entidad correría el riesgo de que su participación quede atrapada, devaluándose con el pasar del tiempo.
EPM cuenta con una participación del 13 por ciento en la generadora; si vendiese su patrimonio al precio actual de las acciones, obtendría por la transacción 1,48 billones de pesos. En caso de no vender, afirma De La Cuesta, «se podría perder dinero rápidamente».
¿Qué pasará con los recursos?
En caso de que el Concejo apruebe la venta, los recursos obtenidos por la misma se destinarían a tres dimensiones principales: la social, la ambiental y la financiera.
De acuerdo al Gerente de EPM, la entidad pretende «regularizar y normalizar la conexión y prestación del servicio de acueducto a 40 mil hogares», lo que podría «costar 100 mil millones de pesos»; dicho dinero saldría de la venta de Isagén.
Además, una parte de dichos recursos podrían inyectarse al proyecto hidroeléctrico de Ituango, el cual requerirá cuatro billones de pesos adicionales de inversión durante los próximos años.
