Dos corporados de la ciudad denunciaron que la venta del bien público obedeció a intereses personales del anterior mandatario medellinense.
Los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, solicitaron a la Procuraduría Regional que adelante acciones investigativas y disciplinarias por motivo de la venta del lote 24 de la Central Mayorista, que se dio durante el gobierno de Aníbal Gaviria.
Al parecer, el proceso de venta habría presentado irregularidades contractuales con el fin de favorecer al comprador, la comercializadora Giraldo y Gómez y Cia S.A., pues la Administración Municipal de ese entonces habría rebajado considerablemente el precio del predio.
Según el más reciente avalúo que realizó el Instituto Agustín Codazzi, el terreno tendría un valor de 36 mil millones de pesos; no obstante, la comercializadora se hizo con el lote por 19 mil millones, tan solo un 60% del valor real.
«Dicha enajenación se realizó de manera ilícita, toda vez que desde la etapa precontractual se evidencia un interés en favorecer a un tercero, más aún cuando la Administración Municipal contaba con un avalúo previo que indicaba un valor aproximado de 36 mil millones de pesos, el cual fue desconocido de manera arbitraria«, indicaron ambos Concejales a María Stella Cuadros, procuradora Regional de Antioquia, mediante una carta.
«Las cadenas de corrupción las hay en todas partes. Cuando una funcionaria honesta avaluó a 36 mil millones, la despidieron, pero premiaron a la que lo avaluó en un precio menor: Vera Cristina Ramírez«, anterior secretaria de Servicios Administrativos, dijo Guerra.
Además, según los Corporados, una auditoría efectuada por la Alcaldía de Medellín develó que durante el negocio de compraventa entre el Municipio y el comprador, se vulneraron los lineamientos jurídicos y se concretaron diversos riesgos de corrupción y detrimento del patrimonio público.
Asimismo, aparte de ignorar los dos avalúos existentes del lote, éste se hallaba en condiciones de descuido y deterioro por cuenta de la «indebida administración por parte de Empresas Varias de Medellín», según manifestaron los Corporados.
De acuerdo con Bernardo Guerra, la situación obedece a «la corrupción evidente de funcionarios de la administración anterior», pues aunque «se hicieron dos debates» en el Concejo de Medellín y el concejal Echeverri denunció constantemente el tema, ningún ente de control hizo algo para evitar la enajenación de la propiedad. «Ahora, la Contraloría y Personería deben tomar decisiones», señaló.
Por tal motivo, ambos concejales destacaron la importancia de que la Procuraduría adelante un proceso que culmine en la nulidad de la venta, lo cual obligaría al Municipio a devolver el dinero al comprador y a éste, entregar el predio.
Corresponderá, entonces, al ente disciplinario determinar si en el negocio del lote 24 de la Mayorista hubo o no irregularidades que meriten una sanción y, además, la anulación del contrato de enajenación.
