Con el nuevo manual de contratación, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín-EDU busca garantizar procesos más abiertos y transparentes, promoviendo la participación de más proponentes y fortaleciendo la economía local.
Con el objetivo de garantizar procesos más transparentes y abiertos, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) ha actualizado su manual de contratación. Las convocatorias públicas buscan impulsar la participación de más proponentes, lo que no solo beneficia al sector económico de la ciudad y el departamento, sino que también fortalece la confianza en la contratación pública.
Con esta renovación, las licitaciones abiertas se consolidan como una herramienta clave para atraer a más empresas y personas naturales. Según explicó Luz Ángela González Gómez, gerente de la EDU, las reformas están alineadas con principios fundamentales de la función pública como la moralidad, economía, imparcialidad y publicidad.
Esta fue una de las principales acciones que nos trazamos luego de la cantidad de irregularidades y presuntos hechos de corrupción que encontramos en los procesos de selección de contratistas», afirmó la funcionaria.
Nuevo manual de contratación de la EDU
Entre los ajustes más destacados se encuentra la reducción en las cuantías para los procesos de invitación abreviada —anteriormente llamada contratación privada—, pasando de $13.000 millones a $3.900 millones. Esta medida permite que más actores del sector económico presenten sus propuestas.
Además, las contrataciones menores, que reemplazan las órdenes de compra, tienen un límite de $130 millones, en lugar de los $1.300 millones anteriores, facilitando un mayor control sobre estos procesos.
Otro de los aspectos clave de la actualización es que todo el proceso contractual ahora se gestiona a través de la plataforma Secop II, lo que facilita el acceso a la información y refuerza los mecanismos de control ciudadano.
El manual también incorpora herramientas como cláusulas penales pecuniarias y la posibilidad de liquidaciones unilaterales, otorgando mayor control sobre el cumplimiento de los contratos y protegiendo los recursos públicos.
