Se espera que en los próximos días se esté dando la información requerida.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Agencia Nacional de Minería, información sobre las acciones adelantadas por esta entidad para atender los asuntos propios de su competencia, con el fin de revisar si las concesiones mineras si han estado ejerciendo dentro del marco de la legalidad y el sostenimiento de la misma.
De esta manera, el Ministerio Público le pidió claridad a la entidad, sobre las concesiones, licencias y permisos que se estén tramitando, que fueron presentadas después del 23 de diciembre de 2014, ante la suspensión provisional de los efectos del Decreto 2691 de 2014, por parte del Consejo de Estado, que hace referencia a la definición de medidas de protección del ambiente y al desarrollo económico, social, cultural y la salubridad en municipios y distritos frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera.
Asimismo la Procuraduría señaló que el código de Minas es prudente con el proceder en este tipo de acciones “En todo caso, las autoridades administrativas a las que hace referencia este Código no podrán dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el ámbito de su competencia. En este caso, acudirán a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la Constitución Política…”.
Así, el Gobierno Nacional mira de cerca todos los procesos de contratación y permisos de actividad minera que se estén ejecutando en el país, con el objetivo de controlar estas actividades con las afectaciones mínimas en el medio ambiente y desarrollo.
