Las Fuerzas Armadas retiraron del servicio a cinco de sus miembros y relevaron de sus cargos a 20 más, por su presunta relación con los escándalos de espionaje al proceso de paz con las Farc.
Según el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, los retirados del servicio activo son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos miembros del Ejército o la Policía, implicados en fuga de información reservada.
Entre los 20 relevados de sus funciones figuran diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, agregó el inspector, quien advirtió que los implicados pueden ser excluidos de la rama de inteligencia «si fuere del caso».
Esas decisiones fueron tomadas después de investigar la participación de militares y policías en los casos de espionaje de la llamada «Operación Andrómeda», del pirata informático Andrés Sepúlveda y de la filtración de documentos secretos de inteligencia y de una supuesta lista de correos electrónicos de políticos y periodistas relacionados con el Proceso de Paz.
La «Operación Andrómeda» fue puesta al descubierto el 4 de febrero del año pasado por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como fachada para operaciones de espionaje.
Desde ese local los implicados interceptaron comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno colombiano con las Farc en Cuba, de dirigentes de izquierda y de periodistas.
Según explicó hoy el vicealmirante Narváez en una rueda de prensa, «Andrómeda estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la Constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el Manuel de Manejo de Redes de Informantes», pero faltó control de las actividades allí realizadas.
«En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades», expresó en un comunicado leído a la prensa.
Sobre el espionaje al Proceso de Paz cometido por el «hacker» Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga, según la Fiscalía con la finalidad de «sabotear» los diálogos con las Farc, la investigación concluyó que también hubo participación de miembros de la fuerza pública.
«Existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirectamente al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía general de la Nación les dictó medida de aseguramiento», expresó Narváez.
El caso del pirata, actualmente detenido, fue descubierto en mayo pasado en plena campaña presidencial en la que Zuluaga disputó una reñida segunda vuelta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que entonces aspiraba a la reelección.
Pero también se ha abordado la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales «a la fecha no se ha encontrado evidencia», indicó el oficial.
En total, las Fuerzas Armadas realizaron 268 pruebas de credibilidad y confidencialidad a personal de inteligencia y miembros de otras divisiones a los que preguntaron su implicación en estos casos bajo la prueba del polígrafo. De ellas, destacaron ocho pruebas que no arrojaron resultados «satisfactorios», explicó Narváez.
A partir de estos resultados, la investigación avanzó hasta determinar la supuesta vinculación de los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas. El vicealmirante no dio más detalles sobre los pormenores de la investigación puesto que, insistió, es potestad de la Fiscalía, que investiga dichas operaciones, pronunciarse «a su debido momento».
Con el mismo argumento, también rechazó especificar si estos 25 miembros facilitaron información reservada del Proceso de Paz al expresidente Álvaro Uribe, fuerte crítico de las negociaciones que en diversas ocasiones ha revelado datos solo en poder de los negociadores de paz del Gobierno.
Además de estas sanciones, Narváez anunció que se han abierto seis «investigaciones disciplinarias», de las cuales cuatro corresponden al caso del pirata informático Sepúlveda y dos a la existencia de la lista de correos electrónicos de periodistas.
En estas investigaciones están involucrados al menos once «funcionarios de la fuerza pública» sobre los que no se ofreció más detalles puesto que el proceso aún no ha culminado.
