El Fiscal asegura que dicha reforma genera incompatibilidad con la Constitución de 1991.
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, radicó este jueves ante la Corte Constitucional, una demanda con la que pretende dejar sin piso todo el contenido que respecta a la justicia, incluido en la llamada reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional.
«El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus derechos ciudadanos, ha radicado una acción pública de inconstitucionalidad en contra de múltiples disposiciones de la reforma de equilibrio de poderes, hoy Acto Legislativo 02 de 2015, por considerarlas incompatibles con la Carta Política de 1991. Esta demanda se concentró específicamente en el componente judicial de la reforma, es decir, en todas aquellas disposiciones que modificaron el funcionamiento de la rama judicial», manifestó la entidad mediante un comunicado.
Montealegre escrimió no estar de acuerdo con «la norma que prorrogó inmediatamente los periodos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura» ni «con el Tribunal de Aforados». Igualmente, consideró que la reforma fue aprobada en el Congreso con debates insuficientes para lo establecido en la ley.
«De otra parte, la demanda prueba que el Congreso de la República violó los principios de consecutividad e identidad flexible durante el trámite de la reforma constitucional. Esto quiere decir, en otras palabras, que el Acto Legislativo 02 de 2015 introdujo en la Constitución algunas normas que no fueron objeto de los ocho debates que exige la ley colombiana para efectos de producir cambios en la Carta Política de 1991», enfatiza el comunicado.
Finalmente, el Fiscal sostiene en la demanda que «el régimen disciplinario transitorio de los empleados de la Rama Judicial generó un vacío normativo respecto de la responsabilidad disciplinaria de los empleados de la Rama Judicial. Esta situación sustituye la garantía constitucional al debido proceso de los empleados que actualmente están siendo investigados disciplinariamente, porque no establece claramente quién tiene la competencia para juzgar a estos servidores».
