Petro tomó la decisión de modificar las normas urbanísticas del POT «pese a que el Concejo distrital aprobó la ponencia negativa.
La Procuraduría de Colombia formuló este lunes un pliego de cargos contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el posible desacato de normas constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, informó esa institución.
Petro tomó la decisión de modificar las normas urbanísticas del POT «pese a que el Concejo distrital aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo», según un comunicado de la Procuraduría (Ministerio Público).
El expediente de la Procuraduría detalla que con ese acto el alcalde habría hecho caso omiso «a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente».
El despacho del procurador general, Alejandro Ordóñez, calificó la posible falta disciplinaria «como grave, a título de dolo», puesto que Petro, «con plena voluntad y conocimiento del procedimiento» que debía realizarse para lograr la modificación al POT, «habría suscrito dicho decreto haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá».
En 2013, la Procuraduría ya inició un procedimiento contra el alcalde por presuntas irregularidades al desprivatizar el servicio de recogida de basuras que lo llevó a ser temporalmente destituido e inhabilitado.
La sanción emitida en diciembre de 2013 contemplaba para Petro la destitución y una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.
El pasado marzo, el Consejo de Estado de Colombia falló que Petro podía continuar en su cargo. Sin embargo, solo un día después la Corte Constitucional reavivó un proceso de revocatoria en su contra y le dio 60 días a la autoridad electoral para convocar la votación.
Tras la acusación de hoy, Petro respondió a través de su cuenta de Twitter afirmando que se defenderá del procurador «demostrando que tanto la ley como el procedimiento irregular en el Concejo para no adoptar el POT nos dan la razón».
«En realidad el procurador aprendió la lección: inhabilitarme para que no concurra a las elecciones donde él piensa concurrir sin resistencia», agregó sin dar más explicaciones el alcalde, que acaba su mandato el próximo 1 de enero.
La Procuraduría colombiana es el organismo encargado de velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servidores públicos.
