El desplazamiento acaeció tras la incineración de algunos vehículos a manos de miembros del Eln.
Cerca de 239 habitantes de tres comunidades indígenas Embera de El Carmen de Atrato, en Chocó, se desplazaron hacia el sector El Doce desde el pasado 4 de septiembre, por temor ante la posible presencia de munición sin explotar y artefactos explosivos en sus resguardos.
Ante la situación, tanto la Alcaldía Municipal como la Personería de Atrato activaron un plan de contigencia que consistió en la toma de declaraciones de las personas en situación de desplazamiento a la zona los días 8 y 15 de septiembre.
Además, el pasado 10 de septiembre, las autoridades del municipio entregaron kits de alimentos a los desplazados para ocho días. Adicionalmente, la Alcaldía solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Uariv- apoyo subsidiario para garantizar la asistencia humanitaria una vez se acabaran los productos del kit.
La población indígena desplazada se encuentra en condiciones precarias, según el balance de las autoridades. Por lo menos 30 familias de las comunidades Quebrada Bonita y Consuelo Parte Baja están en situación de hacinamiento en ocho construcciones improvisadas por ellos mismos, erigidas con bolsas plásticas y otros materiales.
Debido al hacinamiento, se han registrado casos de enfermedades respiratorias y diarreicas en la población infantil, al igual que dos casos de malaria que fueron remitidos al hospital de la zona. Esta semana, según anunció la EPS Barrios Unidos, se realizará una brigada de salud; igualmente, la Alcaldía anunció la entrega de kits de aseo con el fin de mitigar los estragos por el escaso saneamiento en los albergues.
Según denunciaron líderes de la comunidad, la utilización de artefactos explosivos y la presencia de munición sin explotar ponían en riesgo la integridad de las familias indígenas. Además, demandaron medidas de protección por parte del Estado, ya que varios de ellos han sido blanco de amenazas.
Por tal motivo, solicitaron más acompañamiento a sus comunidades por parte de las Autoridades Municipales, Departamentales y Nacionales con el fin de subsanar el daño que el conflicto ha ocasionado en sus resguardos y garantizar soluciones para toda la población.
