La medida, adoptada por el sindicato, obedece al temor de algunos guardias del Inpec por el precario sistema de salud y la posibilidad de propagación de enfermedades.
A partir de esta mañana, los funcionarios del Inpec no recibirán más internos en tres cárceles del Valle del Aburrá: Bellavista, El Pedregal e Itagüí, según informó el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios -Seup-.
Según Jorge Carmona, coordinador de temática carcelaria en el área metropolitana, la resolución hace parte de «una lucha sindical», que se da después de muchos intentos por parte de los trabajadores de las cárceles para negociar con las administraciones municipales y estatales.
«Es una lucha que también es laboral. Ellos [los dragoneantes] le han dicho al Gobierno que necesitan mejores garantías para poder laborar en las cárceles antioqueñas», indicó Carmona.
Entre los reclamos se hallan una solución de fondo a la problemática de hacinamiento y a las sistemáticas violaciones de derechos humanos en las cárceles, de funcionarios a presos y viceversa. (Amplíe: Hacinamiento en cárcel El Pedregal, una problemática que crece con el tiempo).
«Recordemos que en Bellavista hay 120 casos de tuberculosis, y eso pone en riesgo la salud de los guardias en caso de que se propaguen», agregó Carmona. (Lea también: Cárceles de Antioquia, problema crónico).
Asimismo, la falta de personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional y administrativo, la ausencia de apoyo para las penitenciarías del país y el peligro que corren sus vidas, fueron otros motivantes para la decisión de los funcionarios, según un comunicado del Seup.
Y los capturados, ¿para dónde?
Aunque para Carmona las reclamaciones son justas, manifestó su preocupación por los riesgos que pudiera suponer para la ciudadanía que muchos sindicados y capturados no puedan ser trasladados a un centro penitenciario.
«En el área metropolitana hay un promedio de 120 capturas diarias. Mientras tú y yo hablamos, hay más de 180 personas en estaciones de Policía», dijo Carmona, quien indicó que ahora esas personas deberán ser liberadas o, como sucedió otrora en Bogotá, manetenerse vigilados en parques dispersos por la ciudad.
Además, los presos se verán perjudicados, de acuerdo con Carmona, pues «si no van a recibir personas en la cárcel, se van a retrasar los procesos judiciales».
No obstante, el Seup aseveró que se cumplirá con las remisiones o traslado de internos a los despachos judiciales en concordancia con las disposiciones de seguridad establecidas, eso sí, desde que no se ponga el riesgo de los reclusos o los guardias.
