El organismo indicó que es necesario tomar decisiones de fondo que no alivien la problemática, sino que la solucionen.
Ante la grave situación humanitaria de varias cárceles del sistema penitenciario nacional, la Defensoría del Pueblo manifestó que la declaratoria de emergencia carcelaria por parte del Ministerio de Justicia y el Inpec es bienintencionada, pero insuficiente. (Lea también: Gobierno decretó emergencia carcelaria en todo el país).
Tras una revisión de los 134 establecimientos penitenciarios del país, la Defensoría estableció que en más de la mitad, el 55%, no se cumple con el suministro de medicamentos; el 83% (entre ellos Bellavista, El Pedregal e Itagüí) no cuenta con insumos médicos; y el 88% no aplican los protocolos preestablecidos para la recolección de residuos hospitalarios, poniendo en riesgo la salud de los internos. (Amplíe: Cárceles de Antioquia, problema crónico).
Además, en materia de salud es tan crítica la situación, que apenas se cuenta con un médico por cada 496 internos, develó el informe de la entidad.
«La entidad reitera que el estado de emergencia es tan solo un paliativo que no le permite al Gobierno adoptar medidas legislativas de fondo, como flexibilizar los requisitos para la concesión de subrogados penales, es decir, de libertad condicional, prisión domiciliaria y el sistema de vigilancia electrónica», precisó el organismo.
Con anterioridad, se había interpuesto una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra del Fondo Nacional de Atención en Salud de las personas privadas de la libertad, por supuestas fallas en la administración de recursos por 83 mil millones de pesos.
Más allá de decretar la emergencia, la Defensoría solicitó declarar un estado de excepción que permita, entre otras cosas, modificar el modelo de prestación de salud, destinar más recursos presupuestales y modificar el régimen penitenciario temporalmente.
Además, se requeriría cambiar algunos aspectos del código penal con el fin de facilitar la excarcelación de los delincuentes de bajo perfil que no representen un peligro para la ciudadanía, y así haya mayor número de personal de custodia disponible para custodiar las cárceles, que además presentan una problemática de hacinamiento.
