Pretelt dejó temporalmente su cargo de presidente del tribunal Constitucional, que ostentaba desde el pasado 10 de febrero
El magistrado de la Corte Constitucional colombiana Jorge Pretelt, involucrado en un presunto caso de corrupción, denunció que fue presionado por uno de sus colegas con el propósito de «entorpecer la Justicia» en un trámite en curso en ese tribunal, relacionado con el caso de Luis Andrés Colmenares.
Pretelt señaló que el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva pretendía que seleccionara una acción de tutela que «revocara unas decisiones proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá» relacionada con el polémico caso de la muerte de un estudiante en Bogotá.
Luis Andrés Colmenares, un joven universitario que apareció muerto en un caño situado en un parque de Bogotá el 1 de noviembre de 2010 tras una noche de fiesta junto a sus amigos.
El caso indica que inicialmente se consideró que el joven se había suicidado con base en declaraciones de su pareja, Laura Moreno, y de amigos, si bien diferentes datos forenses hicieron que se reabriera el proceso judicial.
El próximo 12 de junio tanto Moreno como su amiga Jessy Quintero deberán enfrentar a la acusación de homicidio agravado en calidad de coautoría impropia, falso testimonio y encubrimiento por la muerte de Colmenares, que tenía 20 años cuando falleció.
Según explicó Pretelt, ante las peticiones del magistrado Vargas Silva para aceptar la acción de tutela que buscaba revocar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que afecta a Moreno, él respondió con un «no rotundo».
«Decidí que dicho caso no podría ser seleccionado, ya que venía fallando conforme a su derecho y con su eventual revisión lo que buscaba era revocar la tutela en contra de las pretensiones de la familia Colmenares, y dilatar los términos en el proceso seguido en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero», explicó.
Pretelt se encuentra involucrado en un presunto caso de corrupción ya que, según una versión del abogado Víctor Pacheco, le pidió 500 millones de pesos (unos 200.000 dólares) para que la Corte Constitucional fallara una acción de tutela a favor de una empresa fiduciaria que el letrado representaba.
Pacheco, abogado de la firma Fidupetrol, contó la historia a Vargas Silva, quien a su vez se la relató a Mauricio González, otro magistrado, que presentó una denuncia contra Pretelt en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se abrió una investigación.
Tras su renuncia, la Fiscalía citó a interrogatorio a su esposa, Martha Ligia Patrón, que figura como compradora de tierras en el noroeste del país que al parecer fueron arrebatadas a sus legítimos dueños por paramilitares.
El caso ha abierto una profunda brecha en la rama judicial colombiana y el presidente Juan Manuel Santos llegó a reclamar que no se juzgue a toda una institución por los errores de sus miembros.
Santos anunció el pasado martes que su Gobierno impulsará reformas estructurales para enfrentar la crisis que vive la Justicia por estas denuncias y aseguró que en el país «no hay intocables».
«Como jefe de Estado, le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que obren con sentido de responsabilidad y que adelanten y aceleren las investigaciones sin limitaciones ni cálculos políticos», dijo el mandatario.
