El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, respondió al presidente, Juan Manuel Santos, que no requiere que el Gobierno le «conceda o reconozca ninguna facultad o derecho» para cumplir con su deber.
El jefe del Ministerio Público explica en una carta que Santos «manifestó inconformidad» porque la Procuraduría presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente con 2.760 personas desaparecidas.
El gobernante colombiano calificó esta acción del procurador como «un ‘loby’ en otros países contra el proceso de paz, y le dijo además que la política exterior colombiana les corresponden a la ministra de Relaciones Exteriores y al Presidente de la República.
Sin embargo, Ordóñez aseguró que la Procuraduría es un órgano de control independiente y autónomo por mandato de la Constitución, y que el tema de los desaparecidos «es un crimen de lesa humanidad respecto del cual se deben respetar los derechos de las víctimas y no puede haber impunidad», indica la misiva del Procurador.
El jefe del Ministerio Público agrega que «es contradictorio que el Presidente de la República diga que no habrá impunidad en el proceso de paz con las FARC, pero al mismo tiempo reclame porque se presenten a la Corte Penal Internacional crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la desaparición forzada», enfatiza el documento.
Ordóñez indica a Santos que «la competencia de esa Corte solo se activa si hay impunidad, ¿entonces, por qué se preocupa el Presidente? Debería estar tranquilo si en realidad está comprometido con penas de cárcel para los perpetradores», dice.
El procurador afirma que «una cosa es la política internacional, responsabilidad del Gobierno Nacional, y otra las obligaciones internacionales del Estado que se derivan de instrumentos internacionales, en armonía con la Constitución y la ley colombiana».
Para él, el Estado tiene obligaciones en la lucha contra los crímenes transnacionales, por ejemplo, en materia de narcotráfico y extradición y está obligado también a respetar y garantizar los Derechos Humanos conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
«Pero a la Procuraduría le corresponde velar porque tales obligaciones internacionales se cumplan, sin importar la opinión del Gobierno Nacional», afirma Ordóñez.
Asegura Ordóñez que continuará en su función con total autonomía e independencia del Gobierno Nacional y en el marco de las competencias fijadas en la Constitución y la ley, según dice.