El Gobierno tiene 34 casos documentados de atentados contra militantes de ese partido, que dejaron 105 personas asesinadas.
Según la Fiscalía General de la Nación, el exterminio sistemático al que se enfrentó la Unión Patriótica -UP- durante la década de los noventa contó con la participación y omisión de varios agentes del Estado, junto a narcotraficantes y grupos paramilitares.
Los ataques, que hicieron parte de un plan definido por los autores intelectuales y materiales de los hechos, le ocasionaron la muerte a dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 11 alcaldes, 13 diputados, 70 concejales y otro número, hasta ahora indeterminado, de dirigentes de la UP en Colombia.
En declaraciones a Noticias Caracol, Jorge Fernando Perdomo, Fiscal General de la Nación (e), precisó que el exterminio se «trató de un plan de la unión de diferentes actores con el objetivo de exterminar un partido político».
El ente acusatorio tiene material probatorio que le permitiría comprobar que en los ataques hubo «participación del narcotráfico, del naciente paramilitarismo en convivencia, en muchos casos, con agentes del Estado«, en palabras de Perdomo.
Además del objetivo de darle al exterminio un tinte de «genocidio», el Fiscal encargado advirtió que son necesarias medidas para que, en caso de hacerse efectivos los acuerdos de paz en La Habana, los integrantes del grupo guerrillero de las Farc no sean víctimas de un ataque similar en el proceso de reincorporación a la vida civil.
Por su parte, Aida Avella, presidenta de la UP, precisó que en el país todavía no hay garantías para hacer oposición libremente. «Nosotros pertenecemos al partido que le mataron más de cinco mil militantes. Volvimos a los años 80, nadie se siente seguro por las bandas de paramilitares. No puede seguir este genocidio. No es solo contra la UP, están matando a miembros del Congreso de los Pueblos, a la Juventud Comunista, a defensores de derechos humanos y hasta reclamantes de tierras», dijo.
Asimismo, se refirió a la ofensiva del ‘Clan Úsuga’ en todo el territorio nacional, la cual evidencia que en el país «no hay derecho a la vida» ni garantías políticas para la oposición. «Durante el paro armado de las Bacrim yo estaba en Sincelejo, y es increíble que un país que tiene el Ejército más fuerte de América Latina no pueda controlar un paro armado; yo no vi ni un soldado o policía», indicó.
No obstante, no solo acusó a las Fuerzas Militares del exterminio de su partido, sino que también advirtió que el Gobierno es corrupto desde su cabeza. «Ni el 20% del Congreso es legítimo. Acá ganan las elecciones amarrando los votos a maquinarias financieras asociadas con el narcotráfico y ejércitos privados que son los encargados de callar a quienes están en oposición», concluyó.
