Mientras la Iglesia se mantiene firme en su postura de rechazo, funcionarios y activistas celebran la histórica decisión de los Magistrados.
El miércoles 4 de noviembre pasará a la historia como el día en que Colombia se convirtió en el quinto país de América en aprobar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Una decisión tan contundente y radical, obviamente, generó ecos en torno a la opinión pública del país.
Por ejemplo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mostró su contento por la decisión de la Corte. «Sin duda alguna la decisión de la Corte es una gran noticia que demuestra que seguimos avanzando en el reconocimiento de los derechos», precisó el alto funcionario.
Agregó que «la decisión permitirá a las parejas del mismo sexo construir sus hogares en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales (…) Esto conlleva a una sociedad moderna, incluyente y civilizada«.
En la misma línea de opinión, Marcela Trujillo, subsecretaria de Ciudadanía Cultural de Medellín, expresó que esta decisión es muy «positiva», y más cuando este jueves inició en Medellín la Fiesta de la Diversidad, un espacio para dialogar en torno a las diferencias e identidades.
«Es absolutamente positivo que el fallo constitucional se haya dado anoche, y hoy nos encontremos en la ciudad para hablar de interculturalidad y diversidad«, manifestó la funcionaria, quien añadió que «esa decisión es la vía de la igualdad (…) Es histórico y cambia la manera de entender y ver a la población Lgbti en el país».
Al preguntársele sobre la posición que pudiera asumir la ciudadanía, Trujillo explicó que «como sociedad, siempre nos va a quedar faltando. Pero si no se toman ese tipo de decisiones ahora, ¿entonces cuándo? No podemos esperar a que todos estén de acuerdo y preparados; frente a estas decisiones siempre van a haber detractores».
Igualmente, Patricia Páramo, profesional en comunidad Lgbti de la Personería de Medellín, señaló que «cuando se habla de igualdad de derechos, debe ser en toda la línea. Hay muchos niños en Bienestar Familiar a la espera de que los adopten. Si hay una pareja que los quiera adoptar, sea heterosexual u homosexual, que lo haga».
De igual manera, el profesor Manuel José Bermúdez, comunicador y especialista en el tema de Diversidad Sexual de la Universidad de Antioquia, precisó que «es un logro importantísimo«. Eso sí, dejó claro que «aún falta la legalización del matrimonio igualitario«.
Asimismo, destacó el hecho de que la persona que propuso este tema en la Corte «es heterosexual, y lo hizo netamente por su interés en los niños y su bienestar».
Opiniones divididas
Como era de esperarse, la Iglesia arreció su postura de rechazo frente a la decisión de la Corte, la cual calificaron de «dictatorial». Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Colombiana, afirmó que es necesario un plebiscito en torno al tema.
«Cuatro personas decidieron por 48 millones de colombianos, de los cuales 43 son cristianos, la mayoría católica. Eso se llama dictadura de la Rama Judicial, eso le toca al Congreso o al pueblo en un plebiscito», afirmó el religioso.
«Si el niño perdió un padre y una madre irresponsables, no se trata de darles un padre y una madre irresponsables. No, se trata de darles unos padres maduros y responsables», aseguró.
También, la senadora Viviane Morales Hoyos, reconocida por su activismo cristiano, señaló que la Corte tomó una decisión apresurada, que «desafía la postura del 85 por ciento de colombianos«.
Morales había iniciado a principios de este año un movimiento para buscar la aprobación de un referendo que limitara la adopción de niños a parejas heterosexuales, el cual llamó #firmeporpapáymamá.
A través del movimiento, la Senadora recolectó 200 mil firmas a fin de que la Registraduría aprobara un comité para el debate frente al tema de adopción igualitaria. Eso sí, dicho movimiento está a la espera de aprobación por parte del ente regulador.
Después de que se dé vía libre al movimiento, Morales Hoyos deberá recoger firmas que constituyan el cinco por ciento del censo electoral nacional, para que el proyecto de ley de referendo pase a debate en el Congreso.