Los autores del crimen serían miembros del denominado «Clan Úsuga».
Exactamente un año después del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes Solano, la Fiscalía expidió doce órdenes de captura en contra de quienes estarían detrás del crimen del corresponsal de Teleantioquia Noticias en el Bajo Cauca antioqueño.
No obstante, los interrogantes detrás de este hecho siguen persistiendo, ¿por qué se le retiró al periodista el esquema de seguridad que le habían brindado? ¿qué pasó con el caso de un uniformado en Tazará quien habría desatado las amenazas?
Una semana antes de que le quitaran la vida, Cervantes llegó hasta Medellín y tocó las puertas de Gobernación, Fiscalía, Alcaldía y hasta Naciones Unidas, porque temía por su seguridad luego de que se le retirara la escolta aludiendo que «se hizo en virtud del riesgo ordinario que había determinado el Comité de Evaluación de Riesgo e Implementación de Medidas».
Sin embargo, el periodista denunciaba nuevas amenazas en contra de su integridad a través de mensajes de texto y que no podría volver a Tazará porque era en ese municipio donde más peligro corría, razón por la que solicitaba la seguridad que le habían brindado desde 2010.
El calvario inicio en abril de 2010 cuando Cervantes se acercó al comando de policía de Tarazá para averiguar sobre la captura de un sargento que había sido detenido con un armamento que, al parecer, pertenecía a lo «Urabeños», ahora «Clan Úsuga».
Luego de ese incidente, varios sujetos llegaron hasta su casa y le exigieron que no informara más sobre la presencia de grupos ilegales en la región. Las intimidaciones continuaron en 2011 y siempre su trabajo era la excusa para amenazarlo.
Pese a que Luis Cervantes era el periodista con más amenazas en Colombia, el 2 de julio de 2014 la Unidad Nacional de Protección -UNP-, le notificó que su esquema de seguridad sería retirado, esa habría sido casi que su sentencia de muerte. Y él lo sabía, por eso reiteró su angustia y buscó una ayuda que nunca le llegó.
Luis, quien sin más opción decidió volver al pueblo, fue asesinado mientras se movilizaba en una motocicleta. Apenas un año después se expiden las órdenes de captura, aunque ya había señalamientos que hablaban de los posibles responsables del hecho.
«La ausencia de justicia en los casos de amenazas contra la prensa incrementa el riesgo de los periodistas de todo el país. La Fiscalía conoce hace años la importancia de investigar las amenazas y sabe que la justicia es la medida más eficaz de protección, sin embargo, no brinda resultados. Se trata de un círculo vicioso en el que la impunidad se oculta tras la imagen de una protección ineficiente y que perpetúa el riesgo», aseguró la Federación Colombiana de Periodistas -Fecolper-, en un comunicado de prensa emitido con respecto a la situación de seguridad para periodistas amenazados en el país.
