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Colombia debe adoptar «medidas judiciales y no judiciales» para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos en el país”: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH.
El informe correspondiente al año 2014 destaca los avances del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en sus negociaciones para poner fin a medio siglo de conflicto armado, así como la necesidad de abordar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, incluidas las ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido subraya la necesidad de que se tengan en cuenta «las diferentes perspectivas de aquellos afectados por el conflicto armado» y buscarse la activa participación de las víctimas en los procesos de verdad, justicia y reparación.
El Gobierno y las FARC debaten desde hace siete meses en La Habana el punto relativo a las víctimas del conflicto pero hasta el momento no han acordado el modelo de justicia transicional que se aplicará para castigar a los responsables de los crímenes atroces cometidos.
«Este proceso no puede ser perfecto, pero es importante maximizar los derechos de víctimas y maximizar las transformaciones para evitar violaciones en el futuro», dijo el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland.
El informe hace once recomendaciones, entre las cuales figura la de que, para avanzar hacia un escenario de postconflicto, el país «debe desarrollar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado».
«El reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en conflicto», señala el informe.
Bajo esa perspectiva, recuerda «que no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos».
Howland explicó que la manera de hacer justicia por esos crímenes depende de varios factores, entre ellos «qué paquete (de medidas) se va a intentar en el proceso de paz» entre el Gobierno y las FARC en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Según el funcionario, «ese paquete tiene que ser robusto» para dar el máximo de satisfacción a la sociedad en materia de justicia.
«Las víctimas son personas que tienen sus derechos y ellos siempre se van a quejar de que no fue suficiente y aquí ustedes (los colombianos) tienen más de siete millones de víctimas», recordó.
El informe explica que «el contexto de los derechos humanos en Colombia es complejo» no solo por las «profundas divisiones» que ha dejado más de medio siglo de conflicto armado, sino porque el país se ha caracterizado por históricas «desigualdades económicas» y «un acceso asimétrico a los derechos y los servicios públicos».
Igualmente recoge datos según los cuales entre enero y octubre del año pasado fueron asesinados 45 defensores de derechos humanos, de los cuales dos eran mujeres, 10 eran indígenas y dos eran funcionarios públicos que trabajan por estos principios.
«El elevado número de amenazas contra defensores en 2014 también es motivo de preocupación», añade el documento, según el cual el organismo de la ONU tiene registro de 297 defensores que recibieron intimidaciones individuales o colectivas, cifra que, reconoce, no representa el total de casos.
EFE
