Según un congresista consultado por este medio, las Farc sí tienen que hacer públicos sus recursos, de lo contrario, los guerrilleros no serían cobijados por la ley transicional al evadir la justicia.
En un programa televisivo, el asesor jurídico de las Farc, el exministro y constituyente Álvaro Leyva, aseguró que el movimiento subversivo entregará el dinero habido por medios ilícitos con el fin de legalizarlo y reparar a las víctimas del conflicto armado, antes del próximo 2 de octubre.
Según Leyva, habrá una regularización de una «economía de guerra», con el fin de establecer el monto final y así detallar cómo se va a utilizar para reparar a las víctimas.
Asimismo, el asesor del grupo de izquierda indicó que las Farc aceptarán que el Gobierno siga rastreando sus bienes y recursos y que, en caso de encontrarlos, los incaute y expropie con el fin de apoyar el proceso de paz y reparación.
Estas declaraciones coinciden con el acusamiento del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que las Farc se quedarían con los recursos para seguir con su carrera política, lo que generó una ola de trinos entre el jefe del ente acusador y Jesús Santrich, miembro del equipo negociador fariano.
«Estamos cerca a sacar un comunicado conjunto entre las Farc y el Gobierno tocando ese tema. El hecho de que el fiscal se haya adelantado no significa nada. Es obvio que dentro de la normalización viene la regularización de la economía de guerra», expresó el exministro conservador.
Por su parte, Víctor Correa, representante a la Cámara por Antioquia, indicó que «el tema de los recursos de las Farc sí está implícitamente discutido en los acuerdos«, pues «las Farc tendrán que contribuir con la reparación a las víctimas» contando la verdad y dando dinero que, a fines prácticos, les pertenece a los afectados por el conflicto.
«El punto de justicia es claro cuando especifica que si no cuentan toda la verdad, no gozarán de los beneficios de la jurisdicción especial transicional. Tendrán que confesar y entregar los recursos que adquirieron por enriquecimiento ilícito para poder gozar de esos beneficios», dijo Correa.
Finalmente, señaló que aquellos desmovilizados que intenten ocultar el dinero y evadir a la justicia, «tendrán castigos más severos» y deberán enfrentarse a la justicia penal ordinaria.
