Así lo determinó un juez de Antioquia, quien además solicitó a la Procuraduría investigar a la fuerza pública por presuntos atropellos hacia el reclamante.
El Tribunal Superior de Antioquia, en el marco del proceso de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado, falló a favor de José María Calle, quien reclamaba un predio que tuvo que abandonar por la violencia y que, para el momento de su regreso, pertenecía a José Vicente Cantero, quien será investigado y judicializado por presuntas agresiones.
Según relató Calle a El Palpitar, él llegó en 1972 al corregimiento de Macondo, en Turbo (Urabá antioqueño), donde se asentó junto con su familia hasta que, en 1985, el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- le otorgó un título de propiedad sobre la finca Bonaire.
No obstante, once años después su familia fue víctima de amenazas que no tardaron en hacerse efectivas. «Mataron a mi hermano y a dos cuñados, y el 22 de septiembre de 1996 enviaron una carta en la que me decían que abandonara la zona, y entonces me fui», relató Calle.
Al regresar a su predio, el 22 de marzo de 2010, descubrió que éste ya tenía un nuevo propietario, a saber, José Vicente Cantero, quien según la víctima, se valió de la fuerza pública para que se fuera.
Al parecer, el inspector de Policía local estimó que el reclamante y su familia eran invasores ilegítimos del predio, por lo que después de presuntas amenazas, agresiones y atropellos, estos últimos fueron desalojados en 2012.
No obstante, este miércoles el Juzgado Segundo Penal Adjunto de Antioquia profirió sentencia a favor de Calle, luego de establecer que era el propietario legal del predio, y desestimó cualquier tipo de buena fe exenta de culpa del señor Cantero, quien será investigado.
Cabe destacar que Cantero se encuentra actualmente detenido por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado a población civil, fabricación, tráfico de armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas.
Asimismo, el juez ordenó a la Procuraduría investigar disciplinariamente al inspector de Policía de Turbo, quien presuntamente habría colaborado con Cantero para hacer efectivas sus amenazas contra José María Calle, a quien se trató de invasor de manera arbitraria.
Pese a que el reclamante expresó su deseo de «retorno a su predio, el cual necesita para su sustento», la sentencia dictó que la restitución será a través de compensación monetaria, pues el predio se encuentra en zona de reserva ambiental, por lo que no puede ser explotado para ningún tipo de actividad agrícola.
